Transición, política de aguas, planificación y brotes verdes
de La convocatoria de elecciones en España a la par que algunos pronunciamientos jurídicos relacionados con la planificación hidrológica han vuelto a poner de actualidad, siquiera que de manera muy relativa, los temas del agua. He señalado en repetidas ocasiones que, salvo en regiones o colectivos muy concretos, los temas del agua tienen una importancia electoral relativa[1]. De hecho las posiciones de los grupos político pueden resultar formalmente parecidas aunque las distintas propuestas tengan un fuerte carácter ideológico lo que puede traducirse en actuaciones diferentes.
El análisis de los programas electorales de los diferentes partidos políticos pone de manifiesto la falta de propuestas nuevas. Resulta evidente que la política del agua se encuentra condicionada por los planes de acción de la Unión Europea reflejados en las correspondientes Directivas. Pero, sin embargo, todo gira alrededor de hablar del Plan Hidrológico, o las diferentes mutaciones de éste que han ido apareciendo a lo largo de estos últimos años si bien todas ellas entroncan con los postulados básicos de la Ley de 1985 con algunos aggiornamentos por exigencias del guión.
El modelo tradicional, la denominada “política hidráulica”, entró en crisis a mediados de la década de los 70 del pasado siglo aunque no fue hasta la mitad de los 90 cuando esa situación se hizo más evidente. Una publicación de esas fechas[2] lo ilustraba adecuadamente señalando la situación de “bloqueo de decisión” a la que se había llegado y planteaba la necesidad de obtener un nuevo paradigma basado en tres componentes: “la sustancia de la política hidráulica, el sistema de gestión de los recursos y el modelo de deliberación y de decisión de la política hidráulica”[3].
Es cierto que a lo largo de estos años se han producido cambios en los aspectos normativos especialmente los derivados de la recepción del derecho comunitario, en particular la Directiva Marco del Agua (DMA), pero ha existido una fuerte resistencia a cambios en profundidad porque de alguna forma sigue persistiendo, aunque con cambios sustantivos en su composición, la “comunidad de intereses hidráulicos” a la que se refería la publicación citada, lo que hace mas urgente la revisión de la política de aguas en el sentido que permita remover los obstáculos y prepararla para una adaptación a los efectos del cambio climático y la transición hacia un nuevo modelo económico.
Además de los viejos problemas estructurales, que siguen sin resolverse, han aparecido nuevos elementos que trasforman el mapa y el territorio en el que hasta ahora se han movido los debates y que deben determinar la orientación de la nueva política. Fundamentales son los efectos del cambio climático sobre los recursos y usos[4] y la necesidad de insertar la política del agua en campos mas amplios como la ordenación del territorio y la transición energética, minimizando la tendencia histórica de ésta a configurarse como un espacio autónomo e independiente.