Los fenómenos extremos del cambio climático enmarcan las nuevas políticas del agua en España
La planificación hidrológica es un tema de primer orden en cualquier lugar del planeta y en el que hay que poner especial énfasis en climas mediterráneos como el de la Península Ibérica. De ahí que, a partir del consenso de que las políticas del agua en España necesitan un nuevo impulso, el comité técnico de políticas y planificación en materia de agua de CONAMA propusiera a Teodoro Estrela Monreal, director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico MITERD que presentase en el Congreso las novedades legislativas en materia de agua y las perspectivas que se abren en el escenario que anuncia el cambio climático.
Así, en la apertura de la última jornada de CONAMA, Teodoro Estrela ha delineado el panorama del territorio español, con un régimen hidrológico muy irregular, marcado por frágiles equilibrios entre recursos y demandas, algo que, ha dicho, puede agravarse con el calentamiento global. Por ello, el director del Agua ha señalado que las políticas de agua tienen que tener como marco irreductible la adaptación al cambio climático.
En este sentido, y de acuerdo con lo establecido por la ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, en julio de 2022, se ha trazado una Estrategia con instrumentos acordes a los principios de esa ley para los Planes hidrológicos de cuenca y de Gestión de riesgos de inundación; en ambos casos, según ha anunciado Estrela, “se espera que se aprueben antes de fin de este año”. Asimismo, y específicamente en las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir se trabaja en los planes para afrontar las sequías.
Por lo demás, según la enumeración de Estrela, se están planteando una Estrategia de restauración de ríos y el Plan de Acción de aguas subterráneas, que se suman a la puesta en marcha de los procesos de digitalización (PERTE) para la transparencia y el conocimiento de los usos del agua. En todos los casos, esto podría ayudar a España a prevenir sanciones y resolver los procedimientos de infracción abiertos por la Unión Europea.