“Lo importante en el ciclo del agua es la eficiencia en la gestión con independencia de su modelo”
Santiago Muñoz Machado Jurista y director de la RAE
Las empresas privadas, sobre todo cuando ya están testadas, generan ahorro y un menor gasto público por su eficiencia, experiencia, conocimiento y aprendizaje, afirma Santiago Muñoz Machado, eminente jurista especialista en Derecho público y Derecho administrativo y director de la Real Academia Española. El experto entiende que, ante la dispersión competencial, el Estado podría aprobar una ley que regulara el ciclo integral del agua urbano, además de impulsar la tarea de un organismo de supervisión.
Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, 1949) es uno de los juristas más prestigiosos de nuestro país, con una trayectoria académica y profesional destacada en el ámbito del Derecho administrativo y el Derecho público y con obras de referencia en materias como el Estado autonómico, las competencias entre administraciones, la liberalización económica, la regulación de los servicios públicos o de Internet.
Muñoz Machado es, además, un intelectual de vocación humanista, elegido en 2019 director de la Real Academia Española, docta casa cuyo sillón r ocupa desde 2012.
El académico y jurista recibe a la redacción de El Ágora en su despacho profesional en el centro de Madrid, un espacio luminoso y cubierto de libros desde el suelo hasta el techo donde conviven pruebas variadas de su inquietud intelectual.
Los últimos números de las revistas Bloomberg, Time o Financial Times reposan junto a publicaciones jurídicas, manuales de Derecho, obras literarias y grabados que van de lo contemporáneo a litografías con escenas del campo español.
Como experto que es en Derecho público, hablamos con Santiago Muñoz Machado acerca de la titularidad del agua, de quién es y a quién compete regularla. Analiza para El Ágora los modelos de gestión existentes en nuestro país y cuál es el modelo óptimo para gestionar un recurso “de todos”. Lo fundamental, cree, es la eficiencia y, en ese sentido, la colaboración pública-privada es una opción útil, ya que la eficiencia de las empresas privadas, en base a su experiencia e inversión en innovación, genera ahorro y un menor gasto público, afirma. Además, en cuanto a gobernanza, el experto entiende que, ante la dispersión competencial, el Estado podría aprobar una ley que regulara el ciclo integral del agua urbano, además de impulsar la tarea de un organismo que establezca una supervisión, una vigilancia y una normativa general. La Comisión Nacional de la Competencia de los Mercados podría asumir la función de este organismo de supervisión, afirma el eminente jurista.
PREGUNTA. – ¿A quién corresponde la competencia de regular el ciclo integral del agua urbano?
RESPUESTA. – Existe cierta confusión en materia de competencias sobre el agua y en particular sobre el abastecimiento. Se considera que la regulación general, entendiendo por tal la propiedad del agua como dominio público, es una cuestión que pertenece al Estado: la regulación de los grandes cursos de agua, si transitan por más de una comunidad autónoma… pero hay muchas competencias también de las comunidades autónomas. Y, finalmente, todo cuanto concierne al abastecimiento urbano depende de las ordenanzas municipales.
En resumen: hay una dispersión competencial muy importante. Pero ello no obsta para que el Estado pueda aprobar una ley que regule el ciclo integral del agua urbano. Una norma que vaya más allá de la actual Ley de Aguas y evite que en cada ayuntamiento haya una regulación diferente de un elemento esencial para la eficiencia, el ahorro, las buenas prácticas en materia de consumo y la protección del medio ambiente. Es decir, hay que plantearse la posibilidad de una regulación más general que comprenda todos los aspectos de la captación, distribución, uso y consumo del agua.
No hay inconvenientes legales para ello. En la Constitución, hay títulos competenciales que permitirían hacer una regulación en tal sentido. Todo ese problema de dispersión hay que resolverlo con un organismo que establezca una supervisión, una vigilancia y una normativa general.