La UE mantiene su apuesta por la Directiva Marco del Agua
Casi 20 años han pasado ya desde que la Unión Europea apostó por proteger el agua y gestionarla con una visión holística que la entiende como un recurso y como un hábitat. Tras dos años de revisión de la Directiva Marco del Agua, un marco normativo con avances lentos, Bruselas mantiene su vigencia y sus objetivos consciente de la necesaria flexibilidad en los tiempos
La Unión Europea acaba de terminar la revisión de la normativa más importante en cuestión de agua a nivel comunitario. Durante los dos últimos años, se ha llevado a cabo el llamado fitness check de la Directiva Marco del Agua (DMA). Los resultados de ese examen se acaban de dar a conocer y en él se confirma la importancia de la DMA como marco rector de las políticas hídricas en Europa y se señala lo que falta por hacer para cumplir con su mandato, garantizando el buen estado de la masas de agua y la recuperación de costes en la gestión del recurso.
La entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (DMA), ahora hace más de 19 años, supuso un hito fundamental para la salvaguarda de los ecosistemas acuáticos de la Unión Europea. La directiva define y promueve la adopción de una nueva cultura del agua basada en su consideración dual como recurso natural y como hábitat.
La Directiva marco sobre el agua (DMA) establece un marco jurídico para proteger y restaurar el agua potable en la Unión y para garantizar su utilización sostenible a largo plazo.
Su objetivo es prevenir y reducir la contaminación, fomentar un uso sostenible del agua, proteger el medio acuático, mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y paliar los efectos de las inundaciones y las sequías.
Por ello se pide a los estados miembros que elaboren los llamados planes hidrológicos de cuenca basados en cuencas fluviales geográficas naturales, además de programas específicos de medidas para alcanzar sus objetivos.
El debate está en los plazos
Actualmente, y tras 19 años de esfuerzos por implementarla en toda la Unión Europea, los objetivos no se han alcanzado y la imposibilidad de prorrogarlos hace que durante dos años se haya revisado al detalle la implementación de la directiva, bien para reorientar las políticas y adaptarlas al contexto del cambio climático, bien para asumir objetivos alcanzables o para mantenerlos flexibilizando los plazos.
