La sequía deja en evidencia la deficiente gestión del agua
La alarmante ausencia de precipitaciones y de viento, los efectos del cambio climático y la deficiente gestión del agua han disparado la alarma por la sequía. A los daños provocados en el sector agrícola, que algunas fuentes ya elevan por encima de 2.500 millones de euros, se une el impacto negativo en sectores estratégicos como la industria, el turismo y la energía, con un notable encarecimiento del recibo de la luz a raíz del desplome de la producción hidráulica y eólica. Todas las cuencas se están viendo afectadas por la falta de lluvias. No obstante, la sequía está agravando un déficit estructural en la política hídrica. El presupuesto de obras hidráulicas se ha reducido un 90% entre 2007 y 2016. Un recorte temerario que, tal como publicamos hoy en Mercados, aboca a España a tirar un 26% del agua por su red de distribución e incluso a enfrentarse a multas millonarias de la UE por incumplimientos en materia de agua. El deber del Gobierno es articular un pacto nacional que aborde esta cuestión no sólo como un problema sectorial sino como un reto de Estado que exige desembarazarse del habitual ombliguismo que exhiben las comunidades autónomas.
Que España es un país árido no es novedad. Lo inexplicable es que las administraciones hayan sido incapaces de implementar medidas preventivas para paliar los demoledores efectos de las cíclicas sequías que cada década afectan a España. Es verdad que la de este año está siendo pertinaz, pero eso es precisamente lo que está poniendo al descubierto la necesidad de ejecutar cambios de calado en la política del agua. Basta recordar que, aunque más del 72% de la superficie española está en situación de estrés hídrico severo, nuestro país invierte en infraestructuras para el agua un 56% menos que la media de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia.
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