“La práctica demuestra que la gestión privada siempre es mejor que la gestión pública”

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la promoción de 1992, Julián Nuñez comenzó su vida profesional ligado a la empresa Vías y Construcciones, actualmente incluida en el grupo Dragados. Tras una breve estancia en una compañía de servicios, en 2004 se incorpora a SEOPAN como director gerente. Su trayectoria en la organización ha sido fulgurante desde entonces: en 2007 fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo y, hace poco más de dos años, en febrero de 2013, accede a la presidencia de SEOPAN, sustituyendo a Baldomero Falcones.

Julián Nuñez nos recibe en la madrileña sede de SEOPAN en una lluviosa tarde de invierno. Pero el clima que preside nuestro encuentro no tiene nada que ver con las inclemencias meteorológicas. Desde su atalaya, el presidente de la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional ve muchas más luces que sombras en el horizonte de la economía española en general y de la obra pública y el sector del agua en particular. Julián Nuñez lo apuesta todo a que 2015 es el año de la recuperación.

Pregunta.- Su llegada a SEOPAN coincide con el cambio de una presidencia rotatoria a una presidencia profesional y una reorganización que conllevaba un cambio de estatutos y nuevas estructuras. Dos años después, ¿se ha conseguido una estructura más eficaz y operativa?

Respuesta.- Hemos conseguido ampliar el ámbito de actuación de la asociación con la incorporación de dos importantes actividades, como es la actividad de concesiones que resulta de la integración de ASEPE en SEOPAN, con la creación de un Comité, y también incrementar la actividad en el tratamiento tecnológico del agua con la integración de ATTA. Por tanto, a nivel organizativo, los objetivos efectivamente se han cumplido. Ahora tenemos una asociación por una parte dedicada a la construcción, con su comité de construcción, concesiones con su comité de concesiones y tratamiento tecnológico del agua, con su comité de agua.

P.- En 2014 SEOPAN y ATTA se fusionan, ¿cuáles fueron los motivos para impulsar esta alianza?

R.- Fundamentalmente, respetando siempre la especialización y la particularidad que tienen las empresas que formaban parte de ATTA, se consideró que podía ser bueno para la antigua organización pasar a formar parte de una estructura con un mayor alcance en el trabajo de representación y defensa de los intereses de las empresas ante la administración pública. Otro de los objetivos era dotarla de un mayor apoyo en el estudio y la realización de propuestas, creando una serie de departamentos específicos que pudieran completar la parte puramente tecnológica o de relaciones institucionales que tenía ATTA.

P.- ¿Habría una cierta insatisfacción con ATTA? ¿Se quedaba corta de alguna forma para los intereses del sector?

R.- No. Yo creo que ATTA estaba funcionando perfectamente, pero hay una tendencia global a crecer para tener una mayor disponibilidad de recursos que permitan acometer nuevos retos. El objetivo era dar a la labor de ATTA más relevancia ante las administraciones públicas y beneficiarse también de otros servicios que presta la asociación y del conocimiento de otras materias que exceden más allá de lo que es puramente los asuntos de contratación que trabajaba ATTA.

P.- El sector del agua acoge diversas asociaciones, hay casi una sopa de letras: AEAS, AEDYR, AGA, AQUA ESPAÑA, ASAGUA… De hecho estas asociaciones crearon en 2013 la Agrupación Sectorial del Agua y mantuvieron una reunión con el entonces ministro Miguel Arias Cañete. Incluso en iAgua hicimos un foro con todos los representantes. El objetivo era unificar criterios y servir como interlocutor. ¿Qué queda de aquello?

R.- Bueno, siguen existiendo todas las asociaciones que ha citado. La verdad es que son de especialidades distintas: en el caso de ATTA, el tratamiento tecnológico del agua. En el caso de AGA, es la asociación de gestores del agua. En el caso de AEDYR, se centra en las técnicas de desalación. Por sentido común, cuanto más se simplifique la interlocución ante la administración, más potencial y eficacia podremos tener, pero a día de hoy esta es la configuración que hay. Son especialidades distintas y yo creo que el futuro debería de ir por la simplificación de la representación asociativa.

P.- ¿Es el objetivo de SEOPAN asumir en cierta medida asumir una voz única en el sector?

R.- No, no es algo que tengamos planteado de esta manera. Hay unas claras sinergias de los antiguos socios de ATTA con nuestros grupos empresariales matrices pero ese no es el objetivo. Siempre es deseable simplificar ante la Administración la interlocución y la representación del sector asociativo pero actualmente está funcionando bien. Estamos en el mismo nivel de interrelación que teníamos antes y lo que queremos es potenciarlo en el futuro.

P.- En SEOPAN existe un Comité de Tecnología del Agua  ¿Cuáles son sus funciones?

R.- Viene a ser el antiguo comité o junta directiva que tenía ATTA. Con periodicidad mensual o bimensual sigue las gestiones que la asociación viene realizando y fija las cuestiones sobre las que conviene trabajar.

Por ejemplo, cuestiones como la  situación de los pliegos de condiciones, el control del conocimiento de determinados problemas técnicos que puedan surgir en determinados pliegos a licitación, cuestiones internacionales de acciones o misiones internacionales en el extranjero que conviene desarrollar, la promoción de estudios sectoriales o informes que nos interese realizar…

Su labor es fijar las directrices y los nuevos objetivos que tenga que desarrollar la asociación y, por otro lado, recibir la información que nosotros periódicamente vamos trabajando: estadísticas de licitaciones, acreditaciones de contratos, pliegos novedosos o cuestiones de carácter técnico que afecten a todos. Es básicamente un comité de dirección con las responsabilidades similares a las que tiene un comité de una compañía.

P.- Vamos a centrarnos un poco más detenidamente en la problemática del sector en España. ¿Cuáles son las principales reclamaciones de SEOPAN de cara a las administraciones?

R.- En estos últimos años hemos vivido una intensísima labor reformista del Gobierno, con importantes reformas como la reforma laboral, el plan de financiación a proveedores,  la reforma financiera, iniciativas para la informatización de la actividad de la contratación pública, la reforma de las Administraciones Públicas… Hay un sinfín de reformas, todas ellas con impactos muy positivos que se están viendo ya. Quizás, como mayor desafío, echamos en falta ese trabajo reformista en lo referente a las normas y reglas de contratación pública.

Ahí quiero poner como ejemplo la tendencia actual al incremento desmesurado de las bajas de contratación. Se está confundiendo la figura del concurso prevista en nuestra legislación con la subasta, con unas bajas que en muchos casos están motivando la contratación de obras y servicios por debajo del precio del coste. En ese sentido, sería preciso poner un poco de orden y normalizar, digamos, la práctica de la contratación pública en España.

P.- Un problema que cada vez toma más peso en las preocupaciones las asociaciones y profesionales es el deterioro de las infraestructuras, una cuestión no exclusiva del sector del agua. Últimamente cada vez más voces alertan de que no se podrá mantener el nivel de servicio si no se toman medidas urgentes. ¿Cómo cree usted que se puede afrontar esta situación en la coyuntura económica que vivimos y sin la ayuda de fondos europeos que en otros tiempos permitió llevar a cabo estas acciones?

R.- El escenario presupuestario que hemos tenido en España en estos últimos años ha motivado que, en el periodo 2010-2013, del total del ajuste realizado en las partidas de gasto del conjunto de las Administraciones Públicas la reducción de la inversión pública haya representado el 60%.

Esto ha motivado que actualmente se esté invirtiendo en torno al 1,5% del PIB, frente al 3,2% que es la media que se ha realizado en los últimos años. Con este escenario difícilmente se pueden mantener los niveles inversores que España necesita.

Ahora estamos ya en una etapa de recuperación económica en nuestro país, con una previsión de crecimiento para 2015 del 2,5%. Además, tenemos una coyuntura europea muy favorable con un plan de estímulo de más de un billón de euros que va a suponer abrir el grifo de golpe a una disponibilidad crediticia del sector financiero tremenda. Y a esto se une la iniciativa Juncker, con 315.000 millones de euros para devolver a Europa al crecimiento. Todo este escenario, también con el impacto favorable de la bajada de los precios del petróleo, debe ayudar a que podamos restituir en parte el nivel inversor del conjunto de las Administraciones Públicas con cargo al presupuesto.

Por otro lado, es necesario fomentar los procedimientos de colaboración público-privada y la participación de la financiación privada. Para ello es también dentro de esa reforma, de ese talante reformista que ha hecho el Gobierno que está dando sus frutos, echamos en falta una reforma del marco regulatorio de contratación pública, tanto la parte de la financiación presupuestaria como la parte de concesiones. En ese sentido la trasposición de la Directiva Europea en España ha de motivar la modernización de nuestro marco regulatorio para hacer a nuestro país más atractivo, generar una mayor seguridad jurídica para captar capital privado y fomentar de verdad la financiación público-privada de infraestructuras.

En ese sentido, las inversiones en el ciclo integral del agua acogen muy bien este tipo de financiación. Ya con el anterior gobierno, como SEOPAN, valoramos las ventajas que tenía para el desarrollo de infraestructuras de depuración el recurso a figuras concesionales. Y lo acogen muy bien, incluso mejor que muchos otros tipos de infraestructuras porque básicamente se trata de garantizar el tratamiento anual de un determinado volumen de caudal de las depuradoras que tiene que cumplir unos requisitos técnicos en el efluente de las plantas. De alguna manera, se trata de  combinar un modelo de concesión que garantice determinado volumen anual con una satisfacción de los niveles o parámetros de calidad en el efluente. Y todo ello siendo sufragado además por los usuarios. Estamos ante un modelo muy potente.

P.- Notan ustedes un nuevo impulso en la inversión extranjera interesada en infraestructuras y servicios españoles

R.- Nosotros tenemos conversaciones periódicas con fondos de inversión internacionales y hay mucho interés. España despierta empatía e interesa porque es un país que ha revertido una situación económica muy complicada. Sólo dos países en el mundo, Estados Unidos y España, han tenido revisiones de previsión de crecimiento al alza por parte del FMI. Vamos a ser el primer país de la UE en 2015 en crecimiento económico y somos el segundo país actualmente en peso de las importaciones sobre el PIB después de Alemania.

Todos estos factores han despertado ese interés inversor, pero para que se consolide necesitamos evidentemente proyectos en los que invertir y una seguridad jurídica con reglas del juego claras.

P.- El sector del agua ha vivido una importante judicialización en los últimos años, con ejemplos como el caso ATLL. ¿Cómo cree que ha afectado esto a la imagen del sector, primero de cara a la sociedad española y, segundo, de cara a la inversión extranjera?

R.- No creo que ese caso particular tenga ninguna influencia en la inversión extranjera. Es una cuestión interna que además no conozco en detalle.

En términos de seguridad jurídica, me refería anteriormente a otras cuestiones, como pueden ser la situación que se ha generado en torno a las autopistas de peaje. En este sentido, si unas concesiones han fallado y ha sido por causas ajenas a los concesionarios, lo que hay que hacer es aplicar dos conceptos reconocidos en la ley española: el derecho al reequilibrio económico-financiero del contrato y la responsabilidad patrimonial de la administración público. Resolver esos conflictos aplicando la ley es lo que da garantía a los inversores.

P.- Otro ámbito que ha sufrido las consecuencias de la crisis es el empleo. ¿Cree usted que se ha producido una fuga de talentos en España?

R.- Hay dos hechos que coinciden en el tiempo. Por un lado tenemos el incremento de la actividad internacional de las empresas españolas. Actualmente en torno al 72% de la cifra total de negocios de los grupos españoles (80.000 millones de euros anuales) se hace fuera de España. Si analizamos la cantidad de proyectos contratada, pendiente de ejecutar, esta cifra se incrementa hasta casi el 83%. Con lo cual estamos ante una tendencia pues de incremento de la actividad internacional.

Todo esto implica por supuesto una exportación de directivos, pero no es una pérdida de talento, sino que se trata de situar el talento allí donde es preciso. De todos modos, ese talento queda al servicio de las empresas, aunque sea en el extranjero.

Por otro lado, evidentemente, si la actividad en España se ha reducido a menos de la mitad, parte del talento disponible en nuestro país habrá que tenido que mudar de sector o habrá encontrado acomodo en otras partes del mundo.

España no está en el nivel inversor que nos corresponde. Hay que buscar un punto de equilibrio para tener todo el talento a nuestra disposición.

P.- Estamos acabando la legislatura. ¿Qué balance hacen de la actuación de este Gobierno? ¿Se ha avanzado suficientemente?

R.- Este Gobierno heredó una situación muy complicada, consecuencia de una crisis financiera sin precedentes en nuestra historia reciente. Eso le ha obligado a tomar decisiones en muchos casos duras pero que al final han dado sus frutos.

Se ha realizado un intenso trabajo reformista en el que cabe destacar la reforma laboral, la reforma del sistema financiero, los mecanismos de financiación del pago a proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico,… Todo ello, junto con unos niveles de prima de riesgo de la deuda radicalmente mejores que los que teníamos hace unos años hace que estemos ya en una senda de crecimiento indiscutible y haya que felicitar al Gobierno por ello.

Ciñéndonos al problema del agua, hay que decir que este Gobierno ha estado trabajando también en este ámbito pero nos encontramos ante un problema complejo, fundamentalmente por la dispersión competencial.

Estoy convencido que en la próxima legislatura deberíamos ser capaces de consolidar una nueva legislación para el ciclo integral del agua en España que aborde problemas como la repercusión del coste del agua o la resolución del déficit inversor acumulado.

P.- Gestión pública versus gestión privada, un debate cada vez más presente social y políticamente ¿Cuál es la posición de SEOPAN?

R.- Lo que interesa a los ciudadanos es tener la gestión más eficaz al menor coste posible. Si lo hace la administración pública o la empresa privada, les es indiferente.

La realidad es que la práctica demuestra que la gestión privada siempre es mejor que la gestión pública, porque la empresa privada tiene siempre la obligación de ser competitiva. Volver a un modelo donde determinados servicios sean gestionados por las administraciones públicas es dar un paso atrás, porque supondrá incrementos en los costes y una ausencia de competencia.

El sector público debe centrarse en aquellas actuaciones que no puedan ser financiadas por el sector privado, como puede ser una red de ferrocarril de Alta Velocidad.

En casos como las infraestructuras de depuración en régimen de concesión, en realidad la titularidad sigue siendo pública aunque la operación se haga por el sector privado.

P.- Hablemos de la internacionalización del sector del agua.

R.- Las compañías españolas atesoran una excelencia tecnológica de primer orden. Buenos ejemplos son la construcción de la mayor depuradora y algunas de las mayores desalinizadoras del mundo.

El mundo tiene en la gestión del agua una asignatura pendiente muy importante. El agua va a ser el gran reto del siglo XXI y las empresas españolas están perfectamente posicionadas para afrontarlo.

P.- ¿Siguen compitiendo las empresas españolas igual de bien que antes de la crisis?

R.- Somos líderes en Norteamérica y en América Central y del Sur y competimos bien en el resto de continentes con países como China o Corea del Sur.

Afortunadamente, los grandes contratos internacionales no están sujetos a criterios de subasta como puede suceder en España. Hablamos de grandes contratos “llave en mano” en los que preparar una oferta cuesta tiempo y dinero y los criterios de adjudicación son bien distintos.

Hay quizás una cierta amenaza por los efectos de las ayudas a la explotación que tienen compañías de países no europeos, como pueden ser China, Corea, Japón o Brasil. Estos países tienen agencias que facilitan la obtención de crédito a las empresas en condiciones muy favorables que incrementan la competitividad de sus empresas a nivel internacional.

P.- ¿Funciona la Marca España o hace cada empresa la “guerra por su cuenta”?

R.- Es muy positivo que la administración pública apoye y defienda el know-how de las empresas españolas, y yo creo que se está haciendo muy bien con ejemplos claros como la Dirección General del Agua.

Otra cuestión son las dificultades que se puedan dar en un país determinado en la fase de licitación de los proyectos. En ocasiones se presentan determinados criterios que actúan como barreras de entrada para permitir la participación de las empresas españolas en esos países. En la resolución de esos casos, el Gobierno español debe jugar también un papel importante.

P.- ¿Considera que las polémicas en torno al Canal de Panamá u otras similares pueden  perjudicar a la Marca España en el ámbito de las infraestructuras?

R.- En absoluto. La discusión forma parte de este negocio y es el día a día en todos los países. Todos estos contratos tienen mecanismos de resolución de disputas en las Cortes arbitrales.

P.- Estamos en año electoral en España, a nivel local, autonómico y estatal. ¿Qué petición enviaría a los representantes que resulten elegidos en estas elecciones y tengan la responsabilidad de llevar a cabo políticas de infraestructuras en los próximos años?

R.- Tres peticiones. La primera, recuperar el nivel inversor que España necesita poniendo en marcha un nuevo Plan Extraordinario de Infraestructuras. La coyuntura económica nacional e internacional lo permite.

La segunda, apostar más por la financiación privada de infraestructuras. Para ello, es necesario que en la próxima legislatura se culmine la reforma del marco regulatorio concesional que tenemos en España.

Y por último, ordenar la práctica de la contratación pública en nuestro país.  La tendencia a confundir concurso y subasta o la proliferación de la adjudicación en temeridad son pan para hoy y hambre para mañana.

Fuente : http://www.iagua.es