La Justicia europea impondrá una dura multa a España por no depurar adecuadamente las aguas residuales
La ministra Teresa Ribera anunció un plan nacional de depuración para hacer frente a las actuales carencias
El Gobierno tendrá que hacer frente a una multa millonaria del Tribunal de Justicia de Luxemburgo por la deficiente depuración de las aguas residuales en 17 municipios españoles. Tras un largo proceso, y agotados todos los pasos y las explicaciones de defensa para evitar la sanción, el Ministerio para la Transición Ecológica deberá conocer hoy, miércoles, la sanción que se impondrá a España. El Ministerio tiene previsto emitir esta mañana una nota informativa para recoger su valoración sobre esta multa
La sanción es fruto del incumplimiento de la normativa europea sobre aguas de 1991. Esta establecía la obligación de los municipios de más de 15.000 habitantes de cumplir con una serie de requisitos sobre plantas y sistemas de tratamiento y depuración de aguas, para prevenir los vertidos contaminantes a los ríos y al mar.
España debía incorporar estas mejoras antes del 1 de enero del 2000, justo al entrar en vigor la nueva directiva marco del agua.
Sin embargo, no lo hizo, por lo que la Comisión Europea presentó una demanda ante el Tribunal europeo contra España, que fue condenada en 2011 por el incumplimiento de esta obligación en un total de 37 localidades. Fue, no obstante, solo fue un aviso de multa.
La Comisión dio un nuevo plazo a España para cumplir sus obligaciones, concretamente hasta julio de 2013, pero, una vez rebasado ese período, inició un nuevo proceso de infracción que condujo a Bruselas a llevar de nuevo a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, tras constatar que no se habían hecho los progresos necesarios. No obstante, el número de municipios con deficiente depuración de la aguas se redujo en este intervalo, y pasó de 37 a 17.
En esta ocasión, sin embargo, la multa del Tribunal Europeo sí será efectiva, y se conocerá a media mañana.
La mayor parte de los municipios que han incumplido las normas europeos son de Andalucía (8), Galicia (4) y Comunidad Valenciana (3), además de uno en Asturias y otro en Tenerife.
No se espera que se incluya ningún municipio de Catalunya, comunidad que ha hecho un notable esfuerzo de depuración de las aguas de los ríos, gracias al canon de saneamiento que pagan los usuarios desde hace años.
Comparecencia parlamentaria
La ministra Teresa Ribera ya anticipó todo esto durante su reciente comparecencia parlamentaria en la que abordó las grandes líneas de acción del Gobierno en materia de medio ambiente.
“Nos ha costado 20 años entender lo que es la directiva comunitaria marco del agua”, dijo Ribera al comentar las carencias en la depuración de las aguas y limpieza de ríos así como la mala planificación hidrológica.
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