La falta de depuración del agua le ha costado ya a España 22 millones
Solo una de las nueve poblaciones por las que el Estado fue condenado hace un año ha solventado los problemas de tratamiento. La multa seguirá creciendo, al menos, hasta 2023
La primera condena que obliga a España a pagar una multa a la Comisión Europea por el incumplimiento de una norma medioambiental le ha costado ya a las arcas públicas del país 22,355 millones de euros. Es el saldo de la sentencia que dictó hace casi un año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no cumplir correctamente con la directiva comunitaria que obliga a todas las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes a depurar correctamente sus aguas residuales. La factura seguirá creciendo, al menos, hasta 2023, porque aún hay núcleos de población que las vierten sin tratar correctamente al mar o los ríos.
España fue condenada el 25 de julio del pasado año por no aplicar completamente una directiva (de 1991) de depuración de aguas urbanas. Esa norma se debía haber cumplido en el caso de los núcleos de más de 15.000 habitantes antes de 2001, básicamente, con la construcción de estaciones de depuración y colectores. Pero, tras un sinfín de avisos, emplazamientos de Bruselas e incluso otra sentencia, hace un año España fue condenada por los incumplimientos en 17 de esas aglomeraciones.
Por un lado, la sentencia imponía una sanción de 12 millones de euros por los 17 casos que debían haber quedado resueltos en 2013, según el ultimátum que Bruselas dio en su momento. Por otro lado, el fallo imponía otra sanción semestral de 10,95 millones mientras persistan los incumplimientos. En el momento de dictarse el fallo hace un año, todavía había nueve aglomeraciones que seguían sin depurar correctamente sus aguas urbanas. Esas nueve, en las que habitan 379.000 personas, son: Matalascañas (Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Tarifa (Cádiz), Coín (Málaga), Nerja (Málaga), Barbate (Cádiz), Gijón Este y Valle de Güímar (Santa Cruz de Tenerife).
Un año después de aquel fallo, la Comisión Europea solo ha certificado que en uno de los casos, Tarifa, ya se depura correctamente —tras empezar a funcionar la nueva estación—. Esto ha hecho que el primer pago de la multa semestral se reduzca, pero solo en 595.000 euros, ya que el criterio que se emplea es el de la población afectada y en el caso de la depuradora de Tarifa solo da servicio a 20.500 personas, señalan fuentes de la Comisión Europea. Por lo tanto, la sentencia ya le ha costado a España más de 22 millones. Y la previsión —según ha reconocido el Ministerio para la Transición Ecológica— es que esa factura siga creciendo semestre a semestre hasta el 2023. Porque no será hasta 2022 cuando la última de las depuradoras en liza, la de Barbate, empiece a funcionar. Eso, si se cumplen los planes del Ejecutivo para unas depuradoras que arrastran años de retrasos y de litigios.