La diputada ha preguntado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, si va a instar a la Comunidad Autónoma de Canarias a que se ajuste a la normativa estatal para liberar a 2035 los derechos adquiridos sobre las aguas
La diputada por Canarias, Meri Pita, ha presentado en el Congreso una pregunta que considera “fundamental” como primer paso para iniciar un trabajo de mayor calado en relación con la Ley de Aguas en Canarias, a la que califica como un “atropello a la soberanía alimentaria”. Y es que en el Archipiélago, el agua -pese a ser declarada como un bien de interés público y general- se ha normalizado que algunas personas tengan derecho sobre los acuíferos por razones de herencia que vienen desde la colonización. “Es evidente que nuestra tierra no se libera de las consecuencias de lo que significó este pasado. Heredar un apellido no solo ha traído consigo el acaparamiento de los espacios de poder político y económico, sino también, como en este caso, el de heredar los acuíferos”, explica la diputada.
El problema tiene su origen en la demanda de agua para los nuevos cultivos en aquella época. La perforación de pozos y galerías o la construcción de presas se llevaron a cabo con capital privado y por tanto, su explotación, quedó en mano de los inversionistas, sin que la concesión del bien fijara un plazo máximo para su explotación. De este modo, se transformó en un tipo de “herencia por derecho natural”.
