Inseguridad de presas en Gran Canaria
Autor: Jaime J. González Gonzálvez
En la isla volcánica de Gran Canaria, cuya superficie es de solo 1.558 km², se diseñaron más de 600 grandes presas de embalse desde 1862 (siete presas escalonadas en el barranco de Tamaraceite) hasta el año 2000 (Presa del Salto del Perro, en el barranco de La Aldea), llegándose a construir más de 70 grandes presas entre 1900 y 1985. En la actualidad hay 71 grandes presas en explotación (González, 2014). Si por seguridad se entiende todo aquello que cumple todos los requisitos reglamentarios, mediante el cumplimiento de normas (de Cea y Sánchez, 2010), entonces es necesario afirmarlo con todo rigor: en Gran Canaria no hay seguridad de presas.
A mi juicio las administraciones canarias no están en forma con estas singulares estructuras hidráulicas construidas en el siglo XX (Santamarta y González, 2012). Seguramente se deba a la descomposición técnica que hubo de la autoridad que pasó de los ingenieros a pie de presa a la figura de los gestores-filólogos, pero el quid de la cuestión está en que no hay seguridad de presas en Gran Canaria desde hace más de dos décadas porque no hay vigilancia de presas: inspecciones visuales, auscultación [geotécnica, estructural y topográfica], control de los órganos de desagüe y seguimiento del comportamiento de la presa. Pero una vigilancia de presas realizada por técnicos especializados distintos del equipo de explotación, porque el objetivo de la vigilancia es la de detectar mediante la inspección visual [de fisuras, filtraciones, humedades, etc.] y la auscultación [actividad de control basada sobre mediciones físicas] todos los fenómenos que puedan comprometer la integridad estructural y funcional de la presa, incluidos sus equipamientos y obras complementarias (CNEGP, 2010).
Mantengo la tesis de que el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria [Cabildo-CIAGC] no están en forma con la seguridad de las grandes presas de embalse [71] que están en explotación en Gran Canaria, especialmente con las presas públicas de Chira, Ayagaures, Caidero de la Niña, Fataga, Vaquero, etc., pero también con las grandes presas de la iniciativa privada. Y no están en forma porque ambos organismos insulares no cumplen con la competencia y función de la conservación y policía de estas magnas estructuras hidráulicas (González, 2012). Hay que repetirlo constantemente: en España existe una normativa técnica aplicable y una reglamentación legal sobre seguridad de presas, pero en Gran Canaria no hay seguridad de presas.
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