El goteo cada vez más intenso de las remunicipalizaciones del agua
Terrassa, Barcelona y cerca de veinte de municipios del área metropolitana barcelonesa podrían añadirse en los próximos años a la lista de poblaciones catalanas que han devuelto a manos públicas la gestión del suministro de agua
Remunicipalización. Esta podría ser perfectamente una de las palabras del año que acaba de finalizar. En el 2016 se ha puesto sobre la mesa de un buen número de ayuntamientos catalanes el retorno a manos públicas de servicios que fueron privatizados en el pasado, con el agua como gran estrella, y con el caso de Terrassa, el más reciente y en primera línea.
Arenys de Munt, el Figaró-Montmany, la Granada, Alfés, Vilaba Sasserra, Santa Maria de Palautordera, Montornès del Vallès, Puigverd d’Agramunt, Foixá, Collbató, Vilagrassa y Olèrdola. Estos son los doce municipios catalanes que han remunicipalizado la gestión del agua desde el 2010, según el recuento de la plataforma Aigua és Vida. Una lista que puede crecer en los próximos meses.
La batalla judicial de Terrassa
El Ayuntamiento de Terrassa, gobernado en minoría por el PSC con apoyo externo de CiU, aprobó en diciembre pasado dar por terminada la concesión del servicio del agua a la ciudad, que estaba en manos de la empresa Mina -participada por Agbar en un treinta por ciento- desde 1941, y cuyo contrato ha caducado después de 75 años. El consistorio decretó la liquidación del contrato y una prórroga forzosa de la concesión por seis meses, para garantizar el servicio mientras se concreta el paso a manos públicas. Se trataría de la principal remunicipalización del servicio del agua en Catalunya, en la cuarta ciudad más poblada del país. Pero el proceso está lejos de cerrarse, y posiblemente acabará en los tribunales, después de que la empresa haya presentado un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Terrassa decretó la liquidación del contrato y una prórroga de la concesión por seis meses, para garantizar ser servicio
El caso de Terrassa ha sido el más sonado hasta ahora, pero podría haber más, y de mayor envergadura. Entre este año y el próximo expiran las concesiones del servicio del agua en una treintena de municipios catalanes, entre los que se encuentra el de Sant Cugat, que el año pasado aprobó -por unanimidad de todos los grupos- estudiar la municipalización del servicio. A finales de noviembre, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó dos proposiciones -de BComú y de la CUP- que piden el inicio del camino hacia la gestión directa del servicio del agua en la capital catalana, con el objetivo de rebajar la factura un 10%, según señaló entonces el concejal de Agua y Energía, Eloi Badia.
El servicio de suministro de agua en Barcelona, de hecho, también se encuentra en los tribunales. Este servicio lo opera, en la capital y en 23 municipios metropolitanos, una empresa mixta con participación mayoritaria de Agbar (70%) y La Caixa (15%), y con sólo un 15% de capital público en manos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La concesión es muy reciente, de 2013. Pero podría acabarse antes de tiempo, ya que en marzo pasado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anuló el contrato, por haberse firmado sin el preceptivo concurso público previo. Todo ello, después de que en 2010 otra sentencia dejara clara la peculiar circunstancia de que Agbar, a pesar de proporcionar suministro de agua a la ciudad de Barcelona desde hace casi un siglo y medio, no tenía ningún tipo de contrato para hacerlo.
Una tendencia internacional
El portavoz de Aigua és Vida, Quim Pérez, considera que es justamente en esta sentencia de 2010 donde se encuentra el origen de la actual ola remunicipalizadora del servicio del agua, junto con el escándalo -también en manos de los tribunales- de la invalidada privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) por parte de la Generalitat, en 2012. Pérez señala, no obstante, que la tendencia es internacional, y que “la asamblea de la ONU declaró en 2010 el agua como derecho humano fundamental “.
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