Fumata blanca. Una década después de que las Cortes pidieran por primera vez una ley climática y cuatro años después de que España ratificase el Acuerdo de París, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética será por fin una realidad este jueves tras su previsible aprobación en el Congreso de los Diputados. La norma que persigue, entre otras medidas, la descarbonización plena de España en 2050, la protección efectiva de la naturaleza y el fin de la venta de coches contaminantes en 2040, no entrará en vigor hasta su publicación en el BOE este mismo viernes. Pero es, desde incluso antes de su aplicación efectiva, un auténtico hito ambiental para la política española que ha conseguido ser aprobado con un apoyo transversal en ambas Cámaras.
El camino hasta aquí, eso si, no ha sido fácil. La primera vez que el Congreso reclamó formalmente esta nueva normativa fue en 2011 y, desde entonces, todos los partidos nacionales menos el negacionista Vox han presentado sus propios proyectos de ley de cambio climático en el Parlamento, aunque ninguno llegó a prosperar por diferentes desecuentros políticos. No sería hasta la llegada en 2019 de Teresa Ribera al Gobierno, como ministra de Transición Ecológica, que se empezarían a redactar las primeras tentativas serias de anteproyecto de ley. Sin embargo, las sucesivas vueltas electorales primero y la pandemia de coronavirus después han ido postergando la tramitación de esta ley, que no llegó al Congreso hasta comienzos de 2021.
Su peripecia por Congreso y el Senado ha sido algo más corta, ya que esta propuesta de regulación de la emergencia climática impulsada por PSOE y Unidas Podemos ha contado con el apoyo mayoritario de ambas Cámaras y solo ha tenido que superar el veto presentado por Vox. Eso sí, el proyecto del Ejecutivo recibió en la Cámara Baja un total de 758 enmiendas parciales de los diferentes grupos parlamentarios, de las que se incorporaron tres, junto a otras 16 enmiendas transaccionales.
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