El Estado promete 120 millones para tratar las aguas residuales de Tenerife

El vertido de aguas residuales es una de las denuncias que vienen haciendo desde hace años distintos colectivos ecologistas de la Isla. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluso, ha condenado a España precisamente por tirar al mar una parte importante sin el tratamiento adecuado. Entre las comunidades que han incumplido esta directriz está Canarias y, dentro de la región, Tenerife. Para poner fin a las sanciones de Bruselas, el Gobierno central ha desarrollado un plan en el que ha metido al territorio insular, para el que contempla cinco macroproyectos valorados en 120 millones de euros.

El consejero del Cabildo con delegación especial en esta materia, Manuel Martínez, informa de que la finalidad de estas actuaciones no es otro que “acabar de depurar las aguas residuales de la Isla”. Con esta intención, a través de la empresa pública Acués, el Ejecutivo ha diseñado la construcción de cuatro nuevas plantas depuradoras. Una de ellas se encontrará en la zona Este (San Miguel-Arona) e implicará una inversión de 25 millones de euros. La segunda estará en el Oeste (Guía de Isora-Vilaflor), con 20 millones, mientras que la tercera se desarrollará en Acentejo, con 10. A estas tres se sumará una nueva infraestructura para Granadilla, con una partida de 15 millones. Por otro lado, el Gobierno central también planea llevar a cabo una mejora en el sistema de la red y colectores de la del Valle de La Orotava, que implicará una partida de ocho millones.

Estas cinco obras supondrán un desembolso total de 78 millones de euros, aunque Manuel Martínez recuerda que aún se tratan de estimaciones, pero dentro del plan del Estado hay otra acción más. A esta cuantía hay que añadir los 32 millones previstos para la ampliación de la depuradora de Buenos Aires, en Santa Cruz, cuyo estudio de impacto ambiental y anteproyecto ya está en información pública.
El consejero detalla que la pasada semana mantuvo una reunión con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para tratar este asunto y que uno de los acuerdos alcanzados es intentar redactar los cinco macroproyectos durante los seis primeros meses . Una vez que estén listos, será el Gobierno central y Europa los que financien las ejecuciones.

Para avanzar en estas actuaciones, el consejero de Aguas especifica que al próximo pleno del 2 de octubre llevará la creación de una comisión informativa para tratar esta situación junto al resto de grupos. Lo que se pretende con estos encuentros, que tendrán lugar “cada seis meses o una vez al año”, es trasladar “toda la información al resto” para que sepan cómo van yendo.

Todo este impulso a la depuración precisamente viene a raíz de los incumplimientos de la directiva europea. “Desde el consejo del Plan Hidrológico se dio cuenta de la situación y a través de los fondos europeos Feder hay que ir actuando”, asegura Martínez. “Existen unos expedientes sancionadores pero también nos están dando los recursos para solucionar el problema”, resalta el responsable insular, para añadir que con la ejecución de estas cuatro nuevas depuradoras y la mejora de las de Santa Cruz y el Valle de La Orotava se logrará cumplir con la normativa.

En el caso de la instalación de la capital tinerfeña, a la que el Gobierno canario le ha abierto un expediente por verter más agua sin el tratamiento adecuado de lo permitido, Manuel Martínez defiende que la infraestructura “está depurando” y discrepa “con lo que se está diciendo”, ya que se está aprovechando la reutilización para riego hacia el Sur”. De acuerdo a los datos que maneja, indica que, si bien es cierto que hay horas puntas en las “que se sobrepasa” lo permitido, en “nada más un 8,25% al día, luego hay valles” [bajadas] que le llevan a afirmar que a lo largo de 24 horas “cumple”, aunque después hay otro condicionante: “Los 9.000 hectómetros cúbicos al año”. “Tienes que cumplir con esto, que es la actuación que estamos comprometiendo, reducir el 20% de los sólidos en suspensión y el 10% en carga contaminante”, añade.

Valle de Güímar

Respecto a la depuradora del Valle de Güímar, que se terminó de construir en 2007 pero que nunca ha entrado en funcionamiento, el consejero con delegación especial en Aguas informa de que tiene la palabra del Gobierno canario para ponerla en marcha cuanto antes. Se trata de un sistema de pretratamiento que está dentro del programa que tiene el Cabildo con la Comunidad Autónoma y el encargado regional de Aguas, Narvay Quintero, se comprometió con Manuel Martínez a sacar la ejecución de las obras que falta antes de que finalice el año.
Según los cálculos del responsable insular, el coste de los trabajos estarán entre los 400.000 y 700.000 euros, aunque hay que estudiar su situación porque es una instalación que “ha sufrido muchos actos vandálicos”. “No sé si ahora resulta que en este tiempo la cuantía es mayor, hay que ver ese tema”, sentencia.

Fuente: http://www.laopinion.es/