El camino hacia una nueva cultura de la gobernanza del agua

Gari Villa-Landa Responsable de Asuntos Internacionales de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS)

Los nuevos retos que ponen en riesgo la seguridad hídrica, entendida en términos de cantidad y calidad, nos llevan a la necesidad de nuevas políticas del agua que permitan una gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos

España cuenta con una larga tradición en gestión de los recursos hídricos, consecuencia de la escasez de este bien esencial. La Directiva Marco del Agua supuso un cambio sustancial en el enfoque de la gestión de los recursos hídricos, incluyendo no solo aspectos de cantidad sino, sobre todo, de calidad de las masas de agua.

Veinte años después, hacer frente a los nuevos retos que ponen en riesgo la seguridad hídrica (entendida en términos de cantidad y calidad), entre los que se encuentran la contaminación, el crecimiento desigual de la población o el cambio climático, nos llevan a la necesidad de nuevas políticas del agua que permitan una gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos. En este sentido, la gobernanza del agua puede contribuir a diseñar e implementar tales políticas.

La gobernanza del agua, que debe ser entendida como un medio y no como un fin en sí misma, aborda el papel de las instituciones y las relaciones entre las organizaciones y los grupos sociales involucrados en la toma de decisiones relacionadas con el agua, tanto horizontalmente, entre diferentes sectores y entre áreas rurales y urbanas, como verticalmente, desde el nivel local al internacional[1].

De este modo, nace en 2018 el Comité Técnico de Conama sobre gobernanza del agua, con un doble ambicioso y novedoso objetivo: promover el diálogo entre las múltiples partes interesadas y llevar a cabo un análisis inicial de la gobernanza del agua en España. Dicho comité está formado por diversos actores, incluidos aquellos fuera del circuito clásico del sector agua, dado que abordar la gobernanza del agua para poder aportar soluciones de una naturaleza diferente a las adoptadas hasta el momento requería incluir estos otros actores, como pueden ser empresas de gas y electricidad, instituciones políticas, el Defensor del Pueblo o los sindicatos.

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