El Congreso de los Diputados aprobará hoy, salvo novedad de última hora, la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España para alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050.
Una ley ambiciosa en sus objetivos, que va más allá de acuerdos internacionales como el de París o los planteados por la Unión Europea, al fijar como objetivo intermedio una reducción de las emisiones de gases efecto invernadero del 23% para 2030.
Esta Ley, que se tramita por el procedimiento de urgencia, podría quedar definitivamente aprobada antes de que acabe el mes de abril, y eso sí, parece que será una “ley seca” puesto que el agua apenas aparece en su articulado; no ya como elemento transversal imprescindible para afrontar el cambio climático, aspecto en el que brilla por su ausencia, sino porque apenas aparece 24 veces recogida la palabra agua en todo el texto, dedicándole únicamente dos artículos y una disposición.
Al menos, así se reflejaba en el texto inicial remitido por el Ministerio de Transición Ecológica a las Cortes el pasado mes de mayo de 2020, un documento al que se han presentado más de 750 enmiendas y que todavía podría modificarse en el transcurso del día, previo a su votación.
En términos generales, no es fácil encontrar voces opuestas a este texto legislativo que articula la respuesta transversal del país al desafío del cambio climático, al que España es especialmente vulnerable, basada en principios de desarrollo sostenible, justicia social, resiliencia, precaución y no regresión de los avances logrados, protección y promoción de la salud pública, mejora de la competitividad de los sectores productivos y cooperación entre Administraciones.
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