Canarias trabaja al límite para evitar la multa de la UE por aguas

El Gobierno de Canarias trabaja contrarreloj para aprobar en septiembre la revisión de los planes hidráulicos insulares y cumplir así el plazo pactado con Bruselas. De no hacerlo, el Tribunal europeo podría imponer a las islas multas millonarias por incumplir la directiva comunitaria de aguas. Además, la UE amenaza con suspender los pagos intermedios de las ayudas que recibe el archipiélago del fondo Feder y del Feader.

Por el momento, a dos meses de este tope acordado con los funcionarios de la Comisión Europea, el Ejecutivo tiene serios problemas para sacar los documentos que revisan los planes hidrológicos en tiempo y forma. Los últimos obstáculos medio ambientales colocados por la Cotmac a los expedientes hacen casi imposible que todos se aprueben en dos meses y medios. Sólo el de La Gomera está ya en la recta final, a pesar de que la Comunidad Autónoma contrato el año pasado a una empresa externa para realizar este trabajo y salvar así la falta de técnicos en plantilla.

En cambio, continúan enfrentándose a trabas medioambientales los documentos de revisión de los planes hidráulicos de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, las islas que desde el principio han ido más retrasadas en el cumplimiento de la directiva europea de aguas. A la última propuesta elevada por los equipos redactores, la Consejería de Política Territorial ha impuesto varios requerimientos y mejoras, lo que retrasa el plazo para elevarlos de nuevo a la Cotmac.

Aunque el objetivo principal es evitar que Bruselas frene los pagos a Canarias de las ayudas. El Gobierno regional también está a la espera de que el Tribunal de Estrasburgo falle sobre la denuncia que Bruselas presentó hace unos meses contra España por incumplir los plazos en los planes hidrológicos de las islas. En precedentes anterior, las sentencias de la justicia comunitaria por casos similares han ascendido a cifras millonarias, además de multas diarias hasta que se subsanara la falta de adaptación a la legislación europea.

Los problemas de Canarias con la UE por los planes hidrológicos vienen de largo. La Comunidad Autónoma ya se salvó por los pelos a finales de la anterior legislatura de una sanción por retrasarse en más de cinco años en la aprobación de los planes insulares de aguas. Esa responsabilidad estaba en manos de los cabildos que no cumplieron con la directiva europea por falta de medios técnicos y por la engorrosa legislación territorial del archipiélago.

Esa situación obligó al Gobierno entonces presidido por Paulino Rivero ha adoptar decisiones radicales para evitar las multas, entre las que la principal fue quitar la competencia a las corporaciones insulares y cambiar varias normas burocráticas. El objetivo fue acelerar la redacción de los planes hidrológicos después de una carta remitida por el Estado en la que advertía de la inminente adopción de duras sanciones por parte de Estrasburgo. Al final, el Gobierno logró aprobar los siete documentos y ganar algo de tiempo.

Sin embargo, ya se había echado encima el segundo plazo contemplado en la directiva europea de aguas para la revisión de los planes hidrológicos, con lo que al llegar el equipo de Fernando Clavijo al Ejecutivo se encontró sobre la mesa con una nueva amenaza de multas por parte de Bruselas.