Bruselas rebaja a menos de un tercio la multa de España por la gestión de sus aguas residuales
La Comisión Europea ha rebajado el importe de la multa que España paga por el deficiente tratamiento y depuración de aguas residuales urbanas al haber constatado una mejora sustancial y el cumplimiento de las obligaciones en Gijón-Este e Isla Cristina, dos de las ocho aglomeraciones urbanas incluidas en la sentencia condenatoria contra el Reino de España emitida en julio de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En su última comunicación, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión certifica que la entrada en funcionamiento de las plantas de depuración de Gijón-Este e Isla Cristina permite aminorar la cuantía de la sanción semestral, que pasa a ser de 3,1 millones de euros frente a los 10,3 millones de la multa inicial. Ambas instalaciones comenzaron a funcionar a finales de 2021 y en la actualidad operan a plena capacidad, dando servicio 161.800 y 33.000 habitantes equivalentes, respectivamente.
Esta circunstancia obliga a recalcular a la baja el importe de la multa coercitiva impuesta a España por cada semestre de retraso en el cumplimiento de los requisitos de la de la Directiva 91/271 de saneamiento y depuración de aguas residuales.
Las multas coercitivas se impusieron en 2018 por ocho aglomeraciones urbanas. De ellas, cuatro son responsabilidad de la Administración General del Estado (AGE): Barbate, Matalascañas, Nerja y Gijón Este; estas dos últimas ya cumplen con las medidas solicitadas. Las otras cuatro son responsabilidad de las Comunidades Autónomas: Alhaurín el Grande, Valle de Güimar, Coín e Isla Cristina. También estas dos últimas cumplen con lo requerido por la Comisión Europea.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico