Blindar el agua
Blindar el agua, que bonito mensaje. Me apunto.
Pero espera, ¿qué significa?: “Prohibir los cortes de agua; asegurar un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado; garantizar tarifas sostenibles y que el dinero recaudado solo revierta en este ámbito; y que este recurso, gestionado siempre por la Administración pública, se convierta en un elemento de creación de empleo.” Me sigo apuntando.
De ahí a suscribir las palabras de Pedro Arroyo hay un abismo: “El agua tiene que ser una cuestión municipalista. Siempre ha estado cerca de los ciudadanos: no hay ni un solo pueblo del mundo que no se haya instalado al lado de una fuente de agua. Es de las cosas más locales que hay y eso es lo que debe llevar a una visión de democracia municipalista, en donde hagamos sencillo el control de lo próximo, en donde la democracia sea lo más barato y lo más eficaz”.
Una cosa es la historia de los pueblo y otra la situación actual. En épocas pasadas se llevaba el agua en burros a los domicilios particulares (insigne figura la del aguador) y se arrojaban los desechos a la red pública.
Hagamos un ejercicio de realidad: La historia de la gobernanza del servicio del agua por parte de los ayuntamientos españolas de menos de 100.000 habitantes ha sido un desastre.
Lo puedo decir más alto pero no más claro.
Tomemos un ejemplo de un núcleo urbano de 10.000 habitantes. Su consumo medio anual de agua se sitúa en torno a los 1.460.000 m3/año. Captar, tratar y llevar a los domicilios de cada usuario esta agua supone incurrir en un coste medio de 219.000 €/año.
Como la red de distribución no se ha mantenido adecuadamente (la mayoría de las veces por falta de dotación presupuestaria: las tarifas del agua no cubren estos costes) se registran unas pérdidas de entre el 30 y el 50%. En consecuencia, se despilfarran entre 65.700 y 109.500 euros cada año.
En la parte del saneamiento y depuración la situación no mejora. El coste anual de este servicio (evacuar y depurar 584.000 m3/año, el resto se ha perdido en su mayoría, una parte menor se ha consumido por los usuarios) suele estar en torno a 292.000 €/año.
Cuando el ayuntamiento pone la flamante Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que le ha regalado la autoridad competente, la factura por el suministro de energía eléctrica del primer mes enciende todas las alarmas: ¡más de 9.000 euros! Al cabo de los tres meses, cuando se presenta el problema de qué hacer con los fangos generados y la liquidez económica del ayuntamiento está bajo mínimo, la decisión es evidente. El resultado lo conocemos todos. En este caso el ayuntamiento no despilfarra el dinero. Claro que la inversión de cerca de 3.000.000 € en la EDAR se queda abandonada a su suerte.
En España hay cerca de 63 municipios de más de 100.000 habitantes con capacidad para disponer de medios técnicos y, lo que es más importante, económicos para realizar una gestión del servicio del Ciclo Integral del Agua (CIA) con las suficientes garantías.
Entre 100.000 y 10.000 habitantes haya cerca de 800 municipios. Cuanto menor es el número de habitantes, mayores son las dificultades que se tiene para disponer de personal cualificado e implantar unas tarifas que cubran los costes del CIA.
Hagamos un pequeño ejercicio económico. Supongamos, eso sí con mucho optimismo, que solo el 25 % de estos ayuntamiento están en la situación que hemos mencionado. Las pérdidas económicas, en el abastecimiento, están por encima de los 13.000.000 de euros anuales. Y la inversión en EDAR que se encuentra comprometida es de 600.000.000 euros.
De los más de 7.000 municipios de menos de 10.000 habitantes mejor ni hablamos.
Que la gestión del servicio del CIA sea público, nadie lo discute. Que la gobernanza sea municipal, en todos los casos, es un grave error. Lo importante es que haya una buena gobernanza del servicio del CIA: pública o privada. La experiencia dice que, en ambos casos, los costes son los mismos.
Fuente: Jorge Chamorro para iAgua