El agua, bien económico

La relación del agua con la economía es tan antigua como la humanidad. La pesca, el regadío y el transporte fluvial o marítimo son actividades económicas vinculadas al agua, a las que la evolución tecnológica ha añadido muchas más.

La tecnología hidráulica tiene ahí buena parte de sus raíces. Milán lo comprendió muy pronto y los canales (navili) que la comunicaron con el Ticino y el Po están en el origen de su prosperidad económica ya en la Edad Media, a la que más tarde contribuyeron las innovaciones técnicas de Leonardo da Vinci.

Es maravilla visitar el sistema de presas y canales que permitieron la explotación minera de Potosí –aún a costa de mucha sangre indígena-, o el Canal de Castilla que además de aportar energía hidráulica a los molinos se propuso conectar la producción agropecuaria de Castilla con los puertos cantábricos, proyecto que finalmente fue malogrado por la inestabilidad política y por el ferrocarril.

Análogamente, Joaquín Costa comprendió la importancia económica del agua para la economía agrícola. Más tarde se desarrolló la producción hidroeléctrica que favoreció la industrialización. Agua, agricultura y energía fueron la razón de ser de las Confederaciones Hidrográficas, creadas hace ya casi 100 años.

Así pues, ¿a qué viene el debate sobre si el agua es o no un bien económico? En nuestro país se ha planteado sólo en el ámbito urbano y en paralelo a dos acontecimientos que han propiciado muchos malentendidos: en efecto, la crisis ha puesto sobre la mesa algo que anteriormente se daba por descontado, el derecho al agua, que debe garantizarse con independencia de la capacidad de pago de las personas. Y por otra parte, la mirada crítica sobre la eventual trasformación de un servicio público en un mercado, pretensión del sector que hoy está en el debate ciudadano.

Y es que en el fondo del debate subyace la cuestión del valor y el precio, aquello que, como dice el refrán, sólo puede confundir un necio. El valor, se mide por el bienestar que produce disponer de ese bien. O quizá mejor, por el malestar que produce no poder disponer de él. El precio, en cambio, debe relacionarse con el coste de producción y distribución en determinadas condiciones de garantía.

Buena parte de los malentendidos radican en ese entorno conceptual:

• La insuficiente relación entre coste y precio, pues con frecuencia se financian conceptos que no tienen que ver con el coste de disponibilidad, o viceversa, no se dotan partidas que debieran ser consideradas. También en ese apartado debería considerarse el tamaño de determinadas partidas, como las cargas financieras o los beneficios empresariales.
• La relación entre precio y valor, que en relación al agua siempre es favorable al valor. En efecto, por mucho que haya quejas con el precio del agua, cualquier episodio de carestía pone de manifiesto que el precio es muy inferior al valor. Esa evidencia ha dado márgenes de maniobra importantes a los excesos observados en el control del precio del agua y de los conceptos que lo han soportado.