La política del agua en España (II)
Continuamos con la segunda parte de un estudio sobre los condicionantes de la política del agua en España, dedicando el espacio de esta entrega a temas tan fundamentales como el Plan Hidrológico Nacional, el cambio climático, y la incidencia de la Unión Europea en la política española del agua
La Ley de Aguas de 1985, que derogó la anterior Ley de 1879, estableció la obligatoriedad de confeccionar planes hidrológicos para cada una de las cuencas de los grandes ríos que debían elaborarse con dos horizontes de vigencia, diez y veinte años. De esos planes (PHN) el último fue el de 2001.
El elemento fundamental del PHN 2001 fue el trasvase de agua desde la desembocadura del Ebro a distintas zonas del arco mediterráneo (Tarragona, Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería). También incluía la construcción de más de doscientos nuevos embalses, muchos de ellos demorados desde el Plan de Obras Hídricas de Indalecio Prieto, de 1933.
Pero tras un crispado conflicto político, el gobierno abandonó el proyecto, y se retiró la financiación europea ad hoc. Según muchos autores, esta situación se ha revelado como un auténtico perjuicio nacional, pues su sustituto, el Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua), se propuso abastecer las nuevas necesidades del Levante español, principalmente vía construcción de desaladoras, para las cuales no se han cumplido los objetivos. Sin que haya cesado la polémica sobre el referido trasvase, que para muchos es una cuestión vital del desarrollo de toda nuestra amplia ventana levantina, entre Cataluña y Andalucía, incluyendo la Comunidad Valenciana y Murcia.